Noticia anterior

Ya han venido a por nosotras

Lidia Falcón

Noticia siguiente
Ya han venido a por nosotras

Primero apalearon a millones de mujeres y mataron a unos cuantos centenares, durante todo el siglo XX, sin que la vanguardia del movimiento Feminista se considerara concernido. Cuando publiqué el informe sobre las mujeres víctimas de violencia en el número 2 de Vindicación Feminista, en agosto de 1976, ningún otro medio de comunicación, ni generalista ni feminista, se hizo eco del mismo. Tuvieron que transcurrir veinte años y elevarse una montaña de asesinadas por la violencia machista para que los y las periodistas se dignaran mostrar a la ciudadanía los signos más visibles de la masacre que estábamos sufriendo.

En los años 1996 y 97 propuse a Cristina Alberdi, entonces Ministra de Asuntos Sociales, la redacción de una ley contra la violencia contra la mujer que recogiera las disposiciones que en otros países ya estaban en vigor, especialmente la del Estado de Nueva York que me parecía muy avanzada y que podría servir de prevención de los malos tratos continuados que sufrían nuestras compatriotas, sin que su desgracia provocara la reacción necesaria ni en el feminismo ni en los gobiernos. Nuestra propuesta murió en el Consejo de Ministros donde los gobernantes socialistas la enterraron con cierta burla hacia Cristina.

Después, ya gobernando el Partido Popular, en el Partido Feminista de España, el Partit Feminista de Catalunya y el Colectivo Feminista Lanbroa del País Vasco, redactamos un proyecto de ley que consultamos a otros grupos y asociaciones feministas. El redactado fue rechazado despectivamente por las mujeres del PSOE, que a su vez comenzaron la elaboración de otra ley que sería al final la que se presentó en dos ocasiones en el Parlamento sin que el PP accediera a aprobarla. Esta ley era una copia de la nuestra, convenientemente retorcida y torturada, que suprimía la protección a las mujeres que no tuvieran una relación sentimental continuada con el agresor, no exigía la colaboración ciudadana en la detección y denuncia del delito, eximía de responsabilidad a los sanitarios, jueces, fiscales y policías que negaran la protección legal a las víctimas y no otorgaba indemnizaciones a las víctimas. Todas aquellas cuestiones que nosotras planteábamos. Del mismo modo que no contemplaba invertir la carga de la prueba, dejando nuevamente a la víctima enfrentada a su agresor, que se ve obligada a buscar las pruebas de un delito que se comete en el secreto del domicilio conyugal, y que mantiene las mismas garantías para el maltratador que en cualquier otro delito, con la complejidad de un procedimiento penal en el que se exigen multitud de gestiones y comparecencias, citaciones, señalamientos, declaraciones, ratificaciones y recursos que hacen completamente inoperantes las denuncias. En definitiva, la ley que se acabó aprobando cuando el PSOE ganó las elecciones, y que constata su debilidad cinco años más tarde.

Lo más llamativo fue que las asociaciones vinculadas al partido socialista desmovilizaran las concentraciones que se celebraban en las principales ciudades cada 25 de mes en cuanto el PSOE ganó las elecciones, con el argumento de que se iba a aprobar la ley y ya no se necesitaba exigirle nada más al gobierno. Por eso el pasado octubre de 2010 contábamos 59 mujeres asesinadas, cuatro más que en todo el año anterior.

Más tarde escribí un informe sobre las carencias y debilidades de dicha ley, según mi experiencia cotidiana en el ejercicio de la abogacía en tan difícil especialidad, apoyada en el informe que había publicado Amnistía Internacional al año de la aprobación y de su entrada en vigor. Lo publiqué a mi costa, lo difundí en todos los ambientes feministas y legales, lo envié al Parlamento, al Senado, al Consejo del Poder Judicial, al Observatorio de Violencia del CGPJ, al Parlament de Cataluña, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al Defensor del Pueblo. Me entrevisté personalmente con Montserrat Comas, entonces en el Observatorio de Violencia del CGPJ, con la adjunta al Defensor del Pueblo, con la Ministra de Igualdad Bibiana Aído, con la Directora del Instituto de la Mujer, Rosa Peris, sin que encontrara ni comprensión ni complicidad en ninguna de ellas. Más bien, rechazo a mis críticas, como el artículo que publicó en el Periódico de Cataluña Montserrat Comas. Mi informe se ha distribuido con el mismo efecto que si lo hubiera tirado en el fondo de un lago, donde ni siquiera se observan los círculos concéntricos.

Fue imposible reunirse con los otros grupos feministas para intentar establecer una estrategia conjunta, al menos organizar una gran manifestación en Madrid, con asistentes de toda España, reclamando las reformas legales y las inversiones económicas necesarias para prevenir las agresiones, detener a los maltratadores y atender las necesidades de las mujeres maltratadas, a pesar del momentáneo apoyo de Ana María Pérez del Campo que me aseguró que reuniría a todas las asociaciones. De la manifestación no se ha vuelto a saber nada más. Nos contentamos con unas concentraciones de veinte personas en cada ciudad donde se comete el último femicidio, para lamentarlo.

Más tarde, las mujeres del Partido Socialista se empeñaron en aprobar la Ley de Paridad, en la que se exige que en las listas electorales exista el 40% mínimo por cada sexo. Desde el Partido Feminista observamos que con ello se nos impedía presentar las listas de mujeres con las que habíamos concurrido a otras elecciones. Nos entrevistamos con Micaela Navarro y con Soledad Murillo intentando que comprendieran la limitación que nos suponía y lo absurdo de semejante condición para que los hombres no perdieran lugar en la política. Nuestros razonamientos y solicitudes no tuvieron ninguna respuesta. La ley se aprobó tal cual y obliga a las formaciones feministas a buscar hombres, solidarios pero no militantes, para situarlos en las listas electorales, en un ejercicio de hipocresía que no beneficia a nadie. Mientras tanto, la tan buscada paridad electoral ha tenido como resultado en las elecciones de 2008 que haya dos mujeres menos en el Parlamento.

Después, la reclamación constante que plantea el Partido Feminista de que se aumenten los servicios sociales especialmente para que las mujeres puedan incorporarse al mercado laboral en condiciones semejantes –no serán de momento iguales- a los hombres, se ha transformado en la solicitud de quince días de permiso parental al tener un hijo y en buenos consejos a los padres y maridos para que ayuden a las esposas y madres en el trabajo doméstico, que, sorprendentemente apoya con todo entusiasmo María Pazos, haciendo de esta reivindicación la bandera más vanguardista del feminismo. En esta ocasión publiqué un artículo preguntándome por qué las feministas no querían hablar de dinero, limitándose a tratar cuestiones superestructurales como el lenguaje, la educación, la publicidad, la corresponsabilidad de los hombres en el trabajo doméstico, la compaginación de la vida familiar y la vida laboral –para lo que hacen llamamientos y dan consejos a los hombres y a las empresas, que son poco atendidos- y eludiendo la exigencia de que el Estado cubra las necesidades de asistencia social que fundamentalmente van a beneficiar a las mujeres. Ni el paro femenino -el doble que el masculino- ni las diferencias salariales, ni la socialización del trabajo doméstico, ni la red de guarderías, residencias de ancianos, trabajo social, son temas protagonistas en el debate dominante de las dirigentes y publicistas feministas, que dirigen su pensamiento ideológico y político según los cánones de la ideología liberal, ignorando las condiciones materiales en que se desarrolla la vida de las mujeres. En definitiva, se defiende aquello que no cuesta dinero, no se si para ahorrarle al gobierno las enormes inversiones que debería realizar si se comportara como un verdadero gobierno socialista. Ni que decir tiene que ni siquiera se mencionan los enormes gastos militares y el horrible negocio de la venta de armamento, del que al parecer están tan satisfechos nuestros gobernantes, y cuyas inversiones deberían estar destinadas a mejorar el bienestar de nuestra sociedad. En definitiva, se le ha dado el protagonismo feminista a lo más barato, que es conservador y no progresista.

Y entonces llegó la ofensiva fascista contra las clínicas de aborto en Barcelona. Ante la querella de las organizaciones de ultraderecha, los juzgados encarcelaron a siete médicos durante dos meses y medio, cerraron las clínicas e investigaron los historiales de veinticinco mil mujeres, sin que se alzara una voz indignada contra esta ofensiva ni hubiese una sola concentración delante de la Modelo ni se escribiera un manifiesto ni se protestara airadamente contra unas agresiones que en los años setenta hubieran provocado una verdadera sublevación del MF. En Madrid, Empar Pineda se preocupó mucho de salvar sus clínicas, pero nadie se solidarizó con los de Barcelona.

La consecuencia fue que el gobierno asediado por la campaña de la derecha se apresuró a pergeñar una ley que diera “seguridad jurídica” -como repiten continuamente convirtiendo este eslogan en un mantra hasta que consiguieron que el MF lo hiciera suyo. El resultado es que se ha limitado el acceso al aborto a 14 semanas, uno de los plazos más breves de los países de la Unión, se sigue exigiendo los exámenes y dictámenes médicos a partir de ese plazo y se impide totalmente la liberalidad con que antes una mujer podía acceder a la interrupción del embarazo, que es el resultado que perseguía la derecha. La seguridad jurídica, en definitiva, es para el gobierno que siempre se blinda ante la derecha, para los médicos que se nieguen a practicar abortos después de las 14 semanas, para las clínicas que cumplan la ley, y una inseguridad y angustia para todas aquellas mujeres que por la edad –pubertad o menopausia- o desconcierto, no estén atentas a cumplir el plazo. Crecerán los abortos ilegales y los sufrimientos de las interesadas. ¡Ah! Y eso sí, como hasta ahora, desde hace veinticinco años, las operaciones hay que realizarlas en clínicas privadas – sólo el 3% se practican en hospitales públicos- porque en muchas comunidades y ciudades los médicos siguen declarándose objetores de conciencia, ante la permisividad e indiferencia de un gobierno que antes prefiere detraer fondos de las arcas públicas para pagar las intervenciones privadas, que enfrentarse a las críticas y amenazas de los partidos y medios de comunicación de derechas. Y el MF celebrando la victoria.

Y entonces comenzó la ofensiva de las asociaciones de hombres y de los medios comunicación sobre las denuncias falsas de las mujeres, ofensiva muy eficazmente apoyada por la Juez decana de los juzgados de Barcelona María Sanahuja, y a esa campaña le ha seguido la de la custodia compartida, causando el sufrimiento de miles de madres, y de niños, a los que los jueces quitan la custodia, ponen multas si no obligan a los hijos a visitar a padres maltratadores y a las que acusan de influir negativamente en los menores, en base a esa infame y falaz construcción pseudopsicológica llamada síndrome de alienación parental. Hasta que las víctimas no se han organizado en asociaciones contra el SAP, no se ha empezado a denunciar una situación insostenible en multitud de hogares, contra la que únicamente luchamos las abogadas feministas, y contra la que me bato continuamente en los debates de televisión y radio.

Pero el MF está muy ocupado hablando de corresponsabilidad parental, permisos de nacimiento, lenguaje y otras cuestiones superestructurales, para prestar atención a la vida cotidiana de las mujeres. Así, se ha permitido, con casi ninguna oposición, que se aprobara la ley de custodia compartida obligatoria en la Comunidad valenciana y que casi se haya logrado en Catalunya -seguiremos viendo como se unen otras comunidades a esta legislación- para beneficiar a amantes padres que jamás se han ocupado antes de los hijos, o incluso los han maltratado.

Y se mantiene el debate de la legalización de la prostitución en el que se están batiendo el cobre desde hace años las Plataformas por la abolición, sin que las socialistas se hayan pronunciado directa y explícitamente por abolirla. Como siempre, con la mirada torcida hacia la derecha, hablan de la trata, del tráfico de personas, de la persecución de los traficantes, pero eluden acabar definitivamente con toda clase de prostitución –que toda es trata y toda está forzada porque no hay mayor coacción que a la que obliga la miseria. E incluso en la nueva ley contra la trata de personas con fines de explotación sexual se sigue exigiendo la denuncia de la víctima, con lo que pierde toda eficacia en su práctica y los enormes trabajos que se han tomado las comisiones, los técnicos, los diputados, han resultado completamente inútiles. Yo he defendido un larguísimo procedimiento penal contra los proxenetas de los burdeles del barrio dels Velluters de Valencia, que instaron las asociaciones de la Plataforma contra la prostitución en la que participa el Partido Feminista de Valencia, para que al cabo de más de un año fuera archivado tanto por la jueza que instruyó el sumario como por la Audiencia Provincial, arguyendo que las mujeres no denunciaban. E incluso, ¡horror de los horrores! existe un sector del feminismo que exige la legalización, con Empar Pineda al frente, que es el peor enemigo que hemos tenido en estos últimos años. No puede causar más pena escuchar a la sindicalista de la comisión de la mujer de CCOO de Catalunya defendiendo la prostitución como un trabajo honorable.

Más tarde, la reforma laboral de mayo de 2010 ha eliminado las pequeñas ventajas que los trabajadores habían conquistado a lo largo de varios siglos de lucha, y con ella las de las mujeres que son las más perdedoras -las modificaciones previstas para las pensiones situarán en un escalón todavía más pobre a las viudas y jubiladas, ya el sector de clase más desfavorecido- sin que el Movimiento Feminista se haya pronunciado colectiva y unánimemente en contra, ni haya apoyado la huelga del 29 de septiembre pasado.

Finalmente, y ante la pasividad de las organizaciones de mujeres y de las asociaciones feministas que aguantaron toda esta cadena de agresiones y perversiones del movimiento sin reaccionar, los gobernantes suprimieron los Institutos de la Mujer de Castilla La Mancha, de Galicia, de Murcia y el Observatorio de Violencia de Madrid. Y el día 20 de octubre acabaron con el Ministerio de Igualdad y degradaron a Secretaria de Estado a Bibiana Aído. Así paga el gobierno a las mujeres que con tanta fidelidad han aceptado sus decisiones. Ahora comienzan las quejas de las afectadas- tan resignadas y tímidas como que se conformarían con una secretaría de Estado siempre que estuviese en Presidencia, porque eso de que las consideren enfermas es lo que más las ha molestado- pero ya no tienen a nadie que las apoye. 

revista la otra pagina © Laotrapagina.com | Queremos que este sea un lugar propio en el que todo aquello que tenga relación con la mujer pueda ser escrito y publicado, comentado y debatido; también criticado, con buenas prácticas.
Desarrollo web: Olivier Bertoncello Data Consulting
Miércoles 23 de agosto de 2017 - 13:50