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En defensa de los derechos y el Estado de Derecho

Laura E. Asturias y Ana Silvia Monzón

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En defensa de los derechos y el Estado de Derecho

El 11 de enero de 2014, 58 ciudadanas iniciamos un foro electrónico para discutir asuntos relacionados con la violencia contra las mujeres en Guatemala. Ésa era y sigue siendo la idea.

Dado el debate generado a raíz de la querella interpuesta por la vicepresidenta de la República contra el presidente del diario elPeriódico y la actitud adoptada por dicho matutino ante esa acción legal, no fue difícil decidirnos a emitir un primer pronunciamiento* llamado Rechazamos el uso malicioso de la Ley contra el Femicidio. Y éste, aún sin haberse difundido, muy pronto se convirtió en el segundo cuando, debido a la decisión de la Corte de Constitucionalidad de reducir la duración del mandato de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, tuvimos que priorizar otro manifiesto: Ante la pretensión de limitar el periodo constitucional de la Fiscal General.


Fue así como nació Plataforma 51—un espacio para debate, reflexión, análisis y acción política como parte de nuestro derecho a la auditoría social y al escrutinio de las actuaciones del funcionariado público, en el marco del respeto a la dignidad humana pero señalando claramente el abuso de autoridad y otras faltas al cumplimiento de sus funciones. También ejerciendo el derecho a la expresión, porque esta sociedad nos importa y consideramos necesario hacer oír nuestra voz ciudadana.


Un punto de partida en nuestras reflexiones gira en torno a la pretensión gubernamental de desmantelar, de manera prepotente y abusiva, los espacios institucionales que con gran esfuerzo de las organizaciones de mujeres han sido creados en los últimos veinte años en los tres organismos del Estado para promover, garantizar y velar por el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Espacios que incluyen, entre otras entidades, la Oficina Nacional de la Mujer (ONAM), la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), el Foro Nacional de la Mujer, la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI), las Oficinas Municipales de la Mujer y la Comisión de la Mujer del Congreso de la República.


Asimismo, coincidimos en señalar el uso malicioso, desde las más altas esferas gubernamentales, de la Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer (Decreto No. 22-2008), que se fundamenta en instrumentos regionales y universales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).


La Ley contra el Femicidio representa uno de los avances jurídicos más importantes de la lucha de las guatemaltecas, así como un paso trascendental para que nuestra sociedad tome conciencia del delito de la violencia contra las mujeres. Por tal razón consideramos improcedente la postura gubernamental de utilizar esta norma para demandar al presidente de un medio de comunicación, pero también impertinente el llamado de dicho medio a impugnar la Ley por considerarla lesiva. Ambas posturas atentan contra el derecho de las mujeres guatemaltecas a una vida sin violencia.


La tensión político-mediática generada por esta situación fue pronto relegada por un hecho igualmente grave: la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), el 6 de febrero, de otorgar un amparo provisional a un ciudadano que, según sus declaraciones, actuó en nombre propio. Esta acción de la CC resultaría en la salida anticipada de la Fiscal General, Dra. Claudia Paz y Paz. Una situación que a juicio de las integrantes de Plataforma 51 vulnera el Estado de derecho y sienta un precedente nefasto en el ejercicio de este cargo, de vital importancia para la garantía del acceso a la justicia y de la protección de derechos humanos que hemos logrado las mujeres y otros sectores en Guatemala.


La acción de Plataforma 51 ha trascendido los pronunciamientos públicos al respaldar la petición de constituirnos, junto a otras organizaciones de mujeres, en terceras interesadas en el proceso abierto a raíz de la decisión de la CC, al apoyar la presentación de un Amicus curiae ante ese organismo e intensificar el activismo a través de las redes sociales.


Somos feministas, somos ciudadanas. Nos encontramos en este espacio que privilegia la palabra y afirmamos que no se saldrán con la suya.


Porque podrán arrebatarnos la paz y el descanso de cada día, pero nunca la dignidad que impulsa nuestro siguiente paso.


Porque cuando raudos y codiciosos venden los recursos naturales al mejor postor, olvidan que somos las raíces de la vida y no estamos en venta.


Porque, por muy débil que sea, un Estado de Derecho ganado a costa de vidas humanas se defiende con toda la fuerza de la memoria de nuestras ancestras.


Porque cuando pretenden regresarnos al infierno del pasado, saltamos—no para poner pies en polvorosa, sino para continuar la resistencia.


Porque cuando los mismos de siempre quieren mantener el miedo y la desesperanza, enfrentan mentes, manos y corazones de mujeres que ya no somos las de siempre y buscamos la justicia para toda la gente.

Porque llevamos el pasado calado en la conciencia y no les permitiremos dejar huellas sangrientas en el albor de nuestra aurora.

* Los pronunciamientos y las Postales Ciudadanas de la Plataforma 51 están disponibles en:  www.facebook.com/plataforma51.

Artículo publicado en laCuerda, edición No. 171, Guatemala, marzo de 2014: http://lacuerdaguatemala.org

Versiones en PDF e imagen disponibles en: http://www.transwiz.org/articulo

Foto interior: Mauro Calanchina.

Foto exterior: mujeres españolas es la pasada manifestación 8 de marzo.

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