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Noticia del Sábado 25 de septiembre de 2010
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Por: Lidia Falcón

 

El periódico Público organizó el 22 de septiembre un acto en el Ateneo de Madrid sobre La Memoria Histórica con la participación del Presidente, el filósofo Carlos París, el ex magistrado del Tribunal Supremo D. Antonio Martín Pallín, el Presidente del Foro de la Memoria Histórica, D. Emilio Silva, el ex diputado Nicolás Sartorius y el historiador Josep Fontana Codina. En el curso de las intervenciones de los ponentes que desarrollaron los diferentes aspectos no sólo de la Ley correspondiente sino también de los acontecimientos precursores del golpe militar de 1936 y de las condiciones en que se desarrolló la dictadura y la Transición política, un tema fue recurrente: La Ley de Amnistía de octubre de 1977 que ha permitido que no se enjuiciaran los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos por los dirigentes franquistas durante cuarenta años. En la controversia que se originó entre los participantes de la mesa, especialmente entre Martin Pallín y Emilio Silva, y Nicolás Sartorius, se dirimía una cuestión que es importante para la memoria de la izquierda en nuestro país: si la ley de amnistía beneficiaba fundamentalmente a los opositores del franquismo o no. Que beneficia a los criminales que nos gobernaron y masacraron a nuestro pueblo durante casi medio siglo es evidente: ninguno de los verdugos: políticos, militares, civiles, fuerzas del orden, que asesinaron, encarcelaron, torturaron, desterraron y persiguieron a toda la oposición antifascista, incluyendo a los disidentes más tímidos y de orden como democristianos y masones, han sido investigados ni enjuiciados, ni mucho menos encarcelados o condenados.
El tema que queda por dilucidar, pues, es si realmente aquella amnistía maldita nos era imprescindible a nosotros, los procesados y condenados por el Tribunal de Orden Público y los consejos de guerra militares, para salir de las prisiones y sobreseer los sumarios. En las numerosas justificaciones que se siguen arguyendo por los dirigentes de izquierda que acordaron la famosa ley con los mismos que nos habían perseguido sañudamente años y años, siempre se afirma –a veces a gritos como lo hizo Sartorius en aquella sesión en el Ateneo- que sin ella los sindicalistas, los miembros de partidos políticos ilegales, los escritores y periodistas censurados no hubieran salido en libertad sin cargos, además de beneficiarse de la amnistía laboral que a aquella iba aneja.
Pero lo que esos dirigentes de izquierdas se niegan a recordar es que antes de la Ley de Amnistía se habían aprobado tres Decretos de Indulto, el primero el 25 de noviembre de 1975, precisamente en conmemoración de la coronación del rey, el segundo el Real Decreto del 30 de julio de 1976, por los que se indultaban todos los delitos de intencionalidad política que no hubieran causado daño o puesto en peligro las personas y el tercero el 14 de marzo de 1977, como ampliación y matización del anterior, que eliminaba el término “puesto en peligro” y que se hizo, naturalmente, para permitir la libertad de Santiago Carrillo y por ende la legalización del Partido Comunista. En consecuencia, cuando Sartorius afirmaba que él había sido beneficiado por la Ley de amnistía, con otros miles de sindicalistas y políticos, estaba equivocando las fechas. La hemeroteca –que siempre es bueno consultar- nos informa que todos los sindicalistas implicados en el Proceso 1001, cuya cabeza eran Marcelino Camacho y Nicolás Sartorius, salieron en libertad el 29 de noviembre de 1975. Con ellos, los miles de dirigentes de partidos políticos y sindicatos que se hallaban en prisión, a la vez que se sobreseían todas las causas por delitos de opinión. Solamente de la prisión Modelo de Barcelona salieron en libertad quinientos presos, de los que más de la tercera parte eran políticos, y los veinticinco mil que estábamos en libertad provisional fuimos sobreseídos. El segundo decreto del 30 de julio de 1976 vino a concluir los procesos de la práctica totalidad de los disidentes políticos y sindicales, en tanto no hubieran lesionado la vida o la integridad de las personas, y el del 14 de marzo de 1977 permitía que todos los demás, aunque hubieran puesto en peligro a las personas, quedaran en libertad. Restaban, pues, por resolver los casos de asesinatos directos en los que estaban implicados unos ochenta militantes entre los de ETA, FRAP, GRAPO y algunos anarquistas.
Es decir, que cuando se pacta la Ley de Amnistía de octubre de 1977, ya se ha legalizado el Partido Comunista y no queda ninguno de sus militantes en la cárcel, menos aún sindicalistas ni socialistas ni democristianos, los delitos de opinión se han archivado y se han celebrado las elecciones constituyentes. Se han convocado las sesiones del Parlamento, la primera de las cuales fue presidida por Dolores Ibárruri, y en los escaños se sentaban Santiago Carrillo, Rafael Alberti, Ramón Tamames y Fernando Sagaseta entre otros comunistas. Quiere esto decir que la Ley de Amnistía se pactó entre los partidos de izquierda y la derecha franquista no para liberar a los miles de militantes antifascistas en prisión o procesados, como afirmaba Sartorius, que estaban ya liberados, sino para eximir de responsabilidades a los criminales fascistas.
Habrá quien arguya que quedaban por saldar las responsabilidades de los de ETA y demás organizaciones armadas –dejando aparte la amarga discusión de la responsabilidad de los etarras- y en consecuencia podría entenderse que aquellos partidos comunista y socialista que representaban toda la izquierda parlamentaria de este país, se sintieron enormemente preocupados y generosos con los imprudentes muchachos que se habían lanzado a la vía armada ante la desesperación que les producía la inmortalidad de una infame dictadura.
Tal argumento no ha sido nunca la justificación del PSOE ni del PCE para defender la Ley de amnistía, ni tampoco el esgrimido esa tarde por Nicolás Sartorius, porque a nadie se le ocurriría hoy explicar que era preciso eximir de responsabilidad a los miles de fascistas que habían masacrado pueblos y ciudades para liberar a unos cuantos terroristas. Que la Ley de Amnistía se dirigía especialmente a los franquistas lo demuestra la extraña disposición contenida 
en su artículo 2 que perdonaba Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, sin limitación de tiempo. ¿Acaso los militantes de izquierda habían sido funcionarios o agentes del orden público?
Nunca sabremos, porque los responsables nos lo ocultan constantemente, cuales fueron las promesas o las amenazas que aceptaron o temieron los negociadores de esa Ley de Amnistía para que aceptaran amnistiar a los funcionarios y agentes del orden público, es decir a los jueces y militares que condenaron a muerte a miles de civiles y militares republicanos, a los policías y guardias civiles que los detuvieron y torturaron y dispararon contra ellos en las calles y en las comisarías, a los fiscales que pidieron penas de muerte y de cientos de años de prisión contra inocentes, a los secretarios y funcionarios de juzgados que tramitaron las causas, y a los funcionarios de prisiones que secuestraron los niños de las madres en prisión y los entregaron a familias franquistas y a orfanatos religiosos. No se si los falangistas que a solas o en cuadrillas sacaban a los republicanos de las casas y los asesinaban en las cunetas de los caminos tienen la consideración de funcionarios. Falta esta precisión, pero supongo que por más prepotentes que fueran los diputados de Alianza Popular con su jefe de filas al frente, Manuel Fraga Iribarne, y por más atemorizados que se sintieran los líderes socialistas, comunistas y nacionalistas, no se atrevieron, ni unos ni otros, a especificar que los asesinos con uniforme de Falange estaban exentos de responsabilidad. El caso es que aunque la ley penal no puede aplicarse por analogía, todos aquellos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos por los franquistas, y los cómplices y los encubridores y los herederos que disfrutan de la fortuna obtenida con las expropiaciones y el robo de los bienes de las víctimas, se han beneficiado de la amnistía.
Y puede ser que sea ya irreversible –excepción quizá de la búsqueda de los restos de los asesinados en los campos y las cunetas- aceptar que en España no se van a investigar nunca los crímenes del franquismo y las víctimas de la dictadura y nuestros herederos nos muramos envidiando a los argentinos, pero lo que ya me parece absolutamente inadmisible es que treinta y tres años más tarde, todavía aquellos socialistas y comunistas que decían representarnos, defiendan arriscada y agresivamente que pactaron la Ley de Amnistía por nuestro bien.
Madrid, 25 de septiembre 2010

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